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En el Chile de hoy, todo el quehacer político está condicionado por un diseño binominal prescrito por el actual orden constitucional. Este hecho fundamental relativiza la noción misma de democracia entre nosotros, convirtiéndola, en los hechos, en un puro espejismo. El país se ha organizado políticamente en dos grandes polos: Alianza y Concertación. Este verdadero duopolio maneja tanto las elecciones municipales como las parlamentarias y, ciertamente, las elecciones presidenciales. Ambos sectores representan redes de poder económico y político, estatal y empresarial, que actúan como mafias organizadas en todo el país.

En un clima tan insano, nada tiene de extraño, entonces, que sean los candidatos de cada uno de dichos conglomerados los que monopolizan las preferencias,  según las últimas encuestas. Todos los candidatos que están fuera de ese universo bipolar están obligados a “pactar” con los señores del poder o, simplemente, ser excluidos de toda posibilidad real de ocupar cargos de representación ciudadana. La democracia chilena se ha convertido en un simulacro, a ratos grotesco, para hacer creer al chileno común que su país vive un clima de participación y transparencia de la cosa pública.

El actual estado de cosas se explica por una complicidad tácita de los dos sectores que administran la política chilena y que se fundamenta, en lo grueso, en tres cuestiones básicas: Primero, respeto a la Constitución impuesta por la dictadura militar. Segundo, resguardo y continuidad del modelo económico neoliberal. Tercero, como corolario de lo anterior, garantizar una baja conflictividad social, desmovilizando, por una parte,  a los trabajadores en sus demandas y, por otra, impidiendo un cuestionamiento serio a las Fuerzas Armadas por crímenes de lesa humanidad. Tal el precio de la democracia chilena convenido hace dos décadas.

Todo indica que los diversos partidos y grupos ajenos y dispersos a este nuevo orden político están siendo absorbidos uno tras otro, asimilados a una lógica implacable que se plantea como la disyunción entre la integración o la extinción. Para los grupos o partidos minoritarios, excluidos de las prebendas fiscales y faltos del apoyo empresarial, la patética realidad es que su existencia misma es incierta. Su única opción pragmática es “negociar” aquel apoyo marginal que representan, muchas veces postergando las utopías e ideales que dicen sustentar, como una cuestión de supervivencia.

El paisaje político nacional se ha desplazado de la “cosa pública” a algo más parecido a la “cosa nostra”.Ambos conglomerados hegemónicos se han visto involucrados en bochornosos y turbios manejos fiscales y empresariales que han enriquecido a unos cuantos. La lista de ilícitos que ha salido a la luz pública, a lo largo de estos años, es tan larga como nuestra caprichosa geografía. Civiles y uniformados han protagonizado escándalos dignos de una antología de la infamia.

El Chile actual, sumido en el bullicio electoral, naturaliza, consagra y legitima una democracia malsana, perpetuando una comedia que apenas alcanza para ocultar veinte años de impostura. A riesgo de parecer “políticamente incorrecto” o extemporáneo, más allá del “marketing político”, la demagogia y la imagen, la sociedad chilena requiere con urgencia de “honestidad cívica”. Como un primer paso en esa dirección y próximos al Bicentenario de la República, sería muy sano liberar al país del lastre autoritario y antidemocrático, reclamando una nueva Constitución para el siglo XXI.

Por Álvaro Cuadra, investigador y académico de ELAP de Universidad ARCIS.