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Juan Carlos Gómez Leyton, Doctor en Ciencia Política, Historiador y Director Académico del Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, PROSPAL nos entrega la segunda parte de una serie de reflexiones en torno a la crisis que vive Honduras tras el golpe militar que provocó la destitución del presidente Manuel Zelaya.

La crisis que afecta al sistema político hondureño es una demostración concreta de la profunda crisis histórica por la que atraviesa la democracia liberal representativa en Nuestra América.

Efectivamente, hace más de una década que esta forma de democracia se encuentra agotada y en proceso de sustitución por un nuevo tipo de régimen político en algunos países de la región, se trata de la construcción de la democracia social participativa.

Este nuevo tipo de régimen democrático coloca en primer plano la activa participación de las y los ciudadanos en lugar, de la tradicional representación delegada en partidos políticos como es habitual aún en la democracia liberal. También, la democracia social participativa reclama mayor igualdad y libertad. Y, por cierto, una mayor igualdad económica y una mejor distribución de la riqueza.

Evidentemente, que un modelo democrático de este tipo provoca terror no sólo a los poderosos sino también a los analistas y cientistas sociales adscritos y defensores de la desgastada y decadente democracia liberal representativa.

Como he sostenido en muchas oportunidades la democracia es un régimen político polisémico, complejo y conflictivo. Por esa razón, muchos la detestan y le tienen odio. A lo largo de su historia la democracia en Nuestra América ha tenido distintas y contradictorias nociones y lecturas desde aquellos que la han defendido y promovido hasta aquellos que la han condenado y rechazado. Su aceptación como su rechazo ha sido independiente de su existencia histórica. Cabe señalar que la historia política de Nuestra América nos indica que la democracia no ha sido el régimen político predominante, todo lo contrario su existencia ha sido más bien una excepción. Por ello es grave cualquier atentado en su contra, como sucede actualmente en Honduras.

La invocación democrática ha sido en Nuestra América motivo y razón de una permanente conflictividad social y política. El reclamo por igualdad, libertad, participación y representación política ha provocado distintas reacciones entre aquellos que poseen y controlan las principales fuentes del poder social en las sociedades latinoamericanas. La instalación de cada una de esas dimensiones ha dado lugar a múltiples conflictos y, sobre todo, de violentas acciones en contra de las y los ciudadanos que han reclamado y exigido democracia.

La construcción institucional del régimen democrático ha sido altamente compleja y llena de dificultades en las sociedades de Nuestra América, fundamentalmente, porque ha sido tradicional que a través de la teoría constitucional desarrollada tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, se crearan e impusieran los límites institucionales a la democracia misma. La fórmula seguida por la mayoría de los constitucionalistas de Nuestra América fue la estadounidense, especialmente, de los sectores que sostenían que la Constitución Política tenía que proteger a las minorías propietarias de las mayorías no propietarias. Ello explica que la teoría constitucional en nuestros países ha estado al servicio de las clases dominantes. Actualmente, cuando los sectores subalternos han comenzado a utilizar la teoría constitucional en su favor a través de levantar y colocar al poder constituyente como la primera piedra en la construcción del orden político democrático, surgen voces para sostener que ello atenta contra la democracia.

La democracia como sistema político y de gobierno no surgió asociado ni al capitalismo ni a la existencia de un formula de representación por delegación ni vinculada a la existencia de los partidos políticos. Por lo tanto, asociar la existencia y la vigencia de la democracia a esos elementos es una profunda equivocación teórica e histórica.

Determinadas perspectivas analíticas asociadas a teorías políticas desarrolladas en Europa como en Estados Unidos de Norteamérica han venido insistiendo en la necesidad de adoptar como válido el modelo ampliado de poliarquía desarrollado por el politólogo Robert Dahl para analizar la democracia realmente existente en Nuestra América. Con dicho arsenal metodológico se han impulsado y realizado diferentes investigaciones sobre la institucionalización, sustancia, densidad, profundidad y calidad de la democracia liberal representativa en la región. Los resultados de estas investigaciones nos señalan que tanto históricamente como actualmente, la poliarquía dahliana, o sea, la democracia política en Nuestra América no ha existido o ha tenido serios problemas para existir. Ahora bien, la existencia de regímenes democráticos defectuosos o de mala calidad ha dado lugar a la proliferación de diferentes “adjetivos calificativos” para denominar a esos regímenes tales como: democracia “de fachada”, “híbridas”, “autoritarias”, “delegativas”, “protegidas”, e “inciertas” entre otras.

Justamente, la democracia liberal hondureña establecida en la década de los ochenta luego de 30 años de regímenes militares de diverso signo constituye una democracia con adjetivo. En efecto, el modelo de democracia instaurado en la práctica por las elites de poder hondureñas fue hasta el domingo 28 de junio: una democracia restringida y tutelada por la Fuerzas Armadas.
La representación política estaba monopolizada en un sistema de partidos: bipartidista imperfecto, altamente clientelar, institucionalizados y situados en el mismo espacio ideológico de derecha: el Partido Liberal y el Nacional. Los cuales desde 1982 venían turnándose en el gobierno en una alternancia ordenada y no conflictiva.  A través de ellos las elites de poder han desplegado su poder infraestructural en la sociedad hondureña.

La Constitución Política de 1982, por otro lado, entregó una amplia autonomía e importantes parcelas de poder a las Fuerzas Armadas. Las cuales se fueron involucrando cada vez más en el control del sistema político y en el manejo burocrático-administrativo de las instituciones del Estado. Todos estos factores contribuyeron a sostener una cultura política antidemocrática entre las elites de poder y especialmente entre los militares quienes han desarrollado un discurso prepotente, arbitral, conservador y autoritario.

A pesar que los principales requisitos establecidos por Dahl (elecciones de las autoridades, elecciones frecuentes, sufragio universal, libertad de asociación, libertad de expresión, entre otras) se cumplían en el sistema político estos estaban limitados y restringidos de diferentes maneras por la ingerencia permanente de los militares en los asuntos públicos del país como también de otros poderes fácticos como el de la Iglesia Católica y de los Medios de Comunicación, entre otros. El régimen democrático hondureño no era una democracia plena sino un régimen limitado, restringido y tutelado.

Este régimen político democrático defectuoso o de baja calidad institucional comenzó a perder legitimidad política y ciudadana a inicios de la década de los noventa. El resurgimiento de la sociedad civil y la difusión de una amplia cultura democrática de carácter popular y social que reclamará cada vez con mayor fuerza la democratización de la sociedad y el sistema político.

Una de las expresiones política de la perdida de legitimidad ciudadana de este régimen democrático se encuentra en el creciente aumento de la abstención electoral. Según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras, en las elecciones presidenciales del 27 de noviembre de 2005, alcanzó al 49,66 % del total del padrón electoral (cabe señalar que muchos ciudadanos hondureños emigran a los Estados Unidos, ello puede explicar el alto porcentaje de abstención). La abstención electoral en 1982, la primera elección democrática, fue sólo de un 18,2%.

Otra expresión de la crisis política de la democracia liberal representativa restringida y tutelada hondureña se refiere a la falta de credibilidad de los partidos políticos, según el Barómetro de las Américas para el año 2008, el 36.1% de los hondureños otorgaba legitimidad a los partidos políticos, el 37, 9%  a las elecciones, un 41,1% al Presidente y al Parlamento respectivamente. Mientras que los actores que tenían mayor legitimidad política para los hondureños son la Iglesia Católica con un 67,8%, la Iglesias evangélicas, con un 55,9%, las Fuerzas Armadas con 51,9% y los Medios de Comunicación con un 49,6%.

Es evidente que el apoyo a las instituciones políticas vinculadas directamente a la democracia liberal representativa venía a la baja entre las y los ciudadanos hondureños. Y, muy alto el apoyo a las instituciones que hoy están involucradas directamente en el Golpe de Estado.

En relación de estos datos surgen algunas preguntas inquietantes en función de los acontecimientos de los últimos días en Honduras, a saber:
¿Habrán considerado este apoyo los golpistas para al momento de derrocar a Zelaya?
¿El proyecto de reforma constitucional que buscaba impulsar el Presidente Zelaya tenía como objetivo profundizar la democracia a objeto de re-legitimar la democracia liberal representativa o buscaba la instalación de un régimen democrático social participativo?
¿Las y los ciudadanos hondureños des-legitimaban la democracia liberal representativa, en particular o la democracia en general?
¿Las y los ciudadanos hondureños estaban dispuestos a apoyar a un régimen político militar o autoritario?

Según los datos disponibles el 60% de las y los ciudadanos hondureños apoyaban en el año 2008 la democracia “como mejor que cualquiera otra forma de gobierno”. En un similar porcentaje apoyaban la participación política, especialmente, en manifestaciones legales, en organizaciones y en campañas electorales. Sin embargo, sólo el 41.3% de las y los hondureños consideraban legitimas las instituciones políticas existentes. Como hemos visto más arriba su rechazo era fuerte en contra los políticos, los partidos políticos, el parlamento e inclusive el poder ejecutivo.

Los principales problemas políticos e institucionales que podrían estar explicando la decepción con este régimen democrático esta en la corrupción política que ha rodeado los actos electorales en la sociedad hondureña. Si bien desde 1982 se vienen realizando elecciones, estos actos no han sido del todo democráticos. Ellos han estado limitados por el personalismo mediático o el viejo caudillismo; el clientelismo; la compra de votos, especialmente, en los sectores rurales; la manipulación electoral y la cada vez mayor ingerencia de los medios de comunicación en los procesos electorales, transformando a estos en especie de cuasi electores: se trata de la democracia mediática, entre otros. En fin, todos estos elementos hacían de la democracia liberal representativa hondureña: una democracia de pésima calidad y con una muy baja legitimidad.

Conscientes los actores políticos de la perdida de legitimidad de este  régimen en el 2001, los partidos firmaron el Manifiesto de los Partidos Políticos al Pueblo Hondureño en el cual se comprometían a modernizar el régimen electoral y la competencia política, o sea, mejorar la poliarquía.

A través del Movimiento Cívico para la Democracia, una coalición de organizaciones e instituciones de la sociedad civil, se impulsó la modernización política comprometida por los partidos políticos. Se estableció el Voto Preferencial personalizado, que incluye fotografía de los candidatos a diputados posibilitando que las y los ciudadanos eligieran con mayores márgenes de autonomía y libertad. Se crea el Tribunal Supremo Electoral que permite tener un organismo autónomo del poder ejecutivo y legislativo y sin vinculación partidaria. Se crea la figura del Vicepresidente. Se crearon instituciones de la democracia participativa como el plebiscito y el referéndum con el fin de avanzar en la construcción de una sociedad más participativa y transparente. Se reducen los tiempos de las campañas electorales. Se establece mecanismos para la transparencia y la rendición de cuentas. En suma la nueva Ley Electoral y las reformas constitucionales abrieron un mundo de posibilidades en la línea de seguir fomentando la modernización y la democratización del sistema político, del sistema electoral y de los partidos políticos, y fomentar el rol de la ciudadanía para presionar por una democracia más sustantiva.

Si bien en los procesos electorales del año 2005 la abstención y el ausentismo alcanzaron al 49%, los datos que disponemos, indican que las y los ciudadanos hondureños consideraron que las reformas políticas introducidas fueron insuficientes y que debían seguir profundizando la democracia.
Tal como lo señalara en otro artículo, la crisis de la democracia liberal representativa abre dos posibles soluciones políticas: la involución o la profundización democrática. Hasta el domingo 28 de junio algunos países de la región habían tomado la ruta de la profundización democrática.

Un sector de la sociedad hondureña, especialmente, los sectores dominantes, las elites de poder social y económica, la elite eclesiástica católica, los principales medios de comunicación, y las Fuerzas Armadas ha decidido involucionar democráticamente, o sea, suspender, anular y/o disolver todos principales requisitos de la democracia liberal representativa. Cancelar las principales y fundamentales libertades políticas y ciudadanas.

El atentado en contra de la democracia liberal representativa no provino de los sectores sociales descontentos con ese tipo de régimen sino de aquellos sectores que apoyaron desde 1982 a un régimen democrático defectuoso, o sea, a una democracia tutelada y bajo el control de las Fuerzas Armadas.
Por esa razón, el conflicto político central en Honduras en este momento es entre los sectores sociales que apoyan  la democracia militar de las elites de poder y la democracia ciudadana impulsada por la sociedad civil hondureña.


Bibliografía:

Castro Dávila, Judith María, Participación y Crisis de la democracia representativa en Honduras: hacia un modelo democrático participativo, Tesis para optar al Grado de Magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos. Director de Tesis Juan Carlos Gómez Leyton, Santiago de Chile, enero de 2005.
Cardenal, Ana Sofía y Salvador Martí y Puig: América Central, las democracias inciertas. Universidad Autónoma de Barcelona, Editorial Tecnos, 1998.
Coleman, Kenneth M., y José René Argueta: Cultura Política, Gobernabilidad y Democracia en Honduras 2008. Vanderbilit University, Movimiento Cívico para la Democracia, Honduras, Federación de Organizaciones para el Desarrollo de Honduras.
Gómez Leyton, Juan Carlos, “Democracia y Ciudadanía Latinoamericana en los tiempos del libre Mercado” en Revista América Latina, 2002. Universidad ARCIS.
Membreño Cedillo, Mario, Honduras: sistema político, valores y ética. Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, 2007.


JUAN CARLOS GÓMEZ LEYTON
Dr. en Ciencia Política-Historiador
Director Académico Área de Política y Gobierno Escuela Latinoamericana de  Posgrados
Director Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina
UNIVERSIDAD ARCIS
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